PPDHC

Un llamado de alerta del PPDHC:

LIQUIDAR AL PARTIDO COMUNISTA Y A SU APARATO OPRESIVO NO ES SUFICIENTE
 

Reducir la solución del conflicto cubano a la salida del poder del Partido Comunista de Cuba (PCC) es una simplificación peligrosa. El problema no es únicamente quién gobierna, sino el sistema de dominación construido durante décadas: un entramado institucional diseñado para controlar la sociedad, moldear la conciencia pública, inducir obediencia y castigar el disenso. Si ese sistema no se desmantela de forma integral durante la transición, el autoritarismo no desaparecerá; simplemente mutará, adoptando nuevos nombres y rostros.

 

La nueva Cuba no puede nacer sosteniendo un aparato militar concebido para servir al poder político y proteger a una élite gobernante. Apostar por su reforma interna implica un alto costo, baja efectividad y un riesgo evidente de continuidad estructural. En un escenario democrático, la principal amenaza no es externa, sino interna: la persistencia de prácticas autoritarias, la corrupción institucional y la inercia de estructuras diseñadas para reprimir. Mantener un ejército sobredimensionado en ese contexto no fortalece la nación; la debilita.

 

La experiencia comparada lo confirma. Países que han logrado transiciones exitosas han entendido que la seguridad no depende del tamaño de las fuerzas armadas, sino de su función, control y subordinación real al orden constitucional. El caso de Costa Rica ilustra cómo, en ausencia de amenazas externas significativas, la eliminación del ejército puede liberar recursos y reducir riesgos políticos. Cuba, en una etapa democrática, necesita seguridad, pero una seguridad centrada en el ciudadano: una fuerza reducida, profesional, con mandato claro y controles estrictos, junto a una policía técnica, despolitizada y regida exclusivamente por la ley.

 

Este mismo principio debe aplicarse al sistema judicial. No puede haber justicia democrática si quienes utilizaron el Derecho como instrumento de represión permanecen administrándolo. La continuidad automática de jueces que avalaron condenas políticas, persecuciones o abusos institucionales, o que contemporizaron con la dictadura para mantenerse en el cargo comprometería la legitimidad del nuevo orden. La transición exige mecanismos de depuración y revisión, basados en evaluaciones individuales, debido proceso y estándares objetivos, para evitar tanto la impunidad como la arbitrariedad.

 

La evidencia internacional es clara: las transiciones que logran romper con el autoritarismo no preservan intactas las estructuras que lo sostuvieron. La revisión de funcionarios públicos —incluidos jueces, fiscales y cuerpos de seguridad— no es un acto de revancha, sino una condición de garantía democrática. Sin este proceso, los viejos patrones de abuso tienden a reproducirse dentro de las nuevas instituciones.

 

A esto se suma un factor económico ineludible. Sostener grandes aparatos militares y burocráticos implica desviar recursos esenciales que el país necesita para reconstruirse. Cada unidad innecesaria, cada estructura redundante, representa menos inversión en salud, educación, vivienda, producción y salarios. Un Estado democrático no puede permitirse financiar instituciones que no generan valor público ni bienestar social.

 

Además, estos aparatos no son neutrales: forman parte de una economía política del control. Generan dependencia, distribuyen privilegios y consolidan lealtades políticas. Su mantenimiento perpetúa una cultura de subordinación incompatible con una ciudadanía libre. La nueva Cuba debe romper con esa lógica y sustituirla por instituciones más pequeñas, eficientes, transparentes y tecnológicamente capacitadas.

 

La tecnología, bien regulada, permite construir estructuras de seguridad más eficaces y menos invasivas: sistemas de información integrados, respuesta rápida ante emergencias, trazabilidad operativa y supervisión efectiva. Esto no solo reduce costos, sino que limita los espacios donde tradicionalmente se han ocultado los abusos de poder.

 

En consecuencia, la transición democrática cubana no puede limitarse a un cambio de liderazgo. Requiere una transformación estructural profunda: desmantelar el aparato de control político, rediseñar el sistema de seguridad y reconstruir el poder judicial sobre bases de independencia, responsabilidad y legitimidad.

 

Erradicar al PCC es una condición necesaria, pero no suficiente. El verdadero desafío es impedir que el modelo de dominación que lo sostuvo se reproduzca bajo nuevas formas. Eso implica desmontar sus pilares institucionales y sustituirlos por un Estado al servicio de la ley, la libertad y la dignidad humana.

 

Una república no se edifica sobre la obediencia ciega ni sobre la justicia subordinada. Se sostiene en ciudadanos libres, instituciones auténticas y límites efectivos al poder.

Partido Pro Derechos Humanos de Cuba (Independiente)
Mayo 27 de 2026.