PPDHC

Carta Abierta del PPDHC al Pueblo Cubano

EN LA NUEVA CUBA, HEMOS DE PONER LA JUSTICIA TAN ALTA COMO LAS PALMAS
 

A diferencia de quienes hoy se presentan como portadores de la democracia para Cuba, no venimos a ofrecer un candidato presidencial ni a reciclar fórmulas agotadas. Reafirmamos, en cambio, una ruta histórica y moral: pasar de la servidumbre a la soberanía mediante la lucha no violenta, para edificar un Estado nuevo en el que el pueblo pueda ejercer plenamente los once pilares de la democracia. 

 

Quienes integramos el Partido Pro Derechos Humanos de Cuba (Independiente), PPDHC por sus siglas,  primera asociación política fundada en 1988 tras la usurpación del poder por el Partido Comunista, hablamos desde la experiencia, la persistencia y la responsabilidad. En consecuencia, nos corresponde advertir al pueblo sobre los errores no resueltos, las tareas inconclusas y los obstáculos que, de no afrontarse con firmeza, podrían frustrar la construcción de una Cuba libre, justa, próspera y gobernable.

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A continuación, exponemos algunos de los principios que consideramos esenciales:

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1. Cuba debe adoptar la democracia participativa como forma de gobierno y organización del Estado. Nuestra historia demuestra que ni el presidencialismo ni los modelos legislativos tradicionales han garantizado una gobernanza eficaz. Por lo tanto, proponemos como referencia el modelo suizo, adaptado con realismo a las condiciones nacionales.

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2. Debe convocarse una asamblea constituyente con plena representación social, encargada de redactar una nueva Constitución. Ese texto ha de tomar en cuenta las constituciones republicanas de Cuba (excluyendo las impuestas por el Partido Comunista) así como las normas internacionales de derechos humanos. La nueva Constitución deberá someterse a referéndum y establecer —de forma clara y concisa— las instituciones, competencias y procedimientos que garanticen la gobernabilidad, la legalidad y la protección efectiva de los derechos ciudadanos.

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3. El traspaso pacífico del poder a los ganadores de elecciones libres, justas y plurales constituye un principio irrenunciable de la democracia. A causa de esto se debe declarar ilegal y sancionar a cualquier partido, asociación o individuo que pretenda desconocer o subvertir ese mandato soberano por cualquier vía.

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4. Todo integrante del régimen o de la estructura represiva que haya cometido crímenes graves, incluidos los de lesa humanidad, debe ser llevado ante la ley, sometido a un juicio imparcial con las debidas garantías procesales y, de comprobarse su responsabilidad, condenado conforme a derecho. La justicia no puede ser selectiva ni indulgente con quienes hayan violado de manera sistemática la dignidad humana; por el contrario, debe afirmar sin vacilaciones que ninguna autoridad, cargo o militancia exime del deber de responder por actos atroces. Al mismo tiempo, el Estado debe aplicar una justicia restaurativa integral que reconozca el daño causado, repare en lo posible a las víctimas y les asegure, con hechos y no solo con palabras, que cuentan con su apoyo irrestricto, su protección efectiva y su plena dignidad como ciudadanos.

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5. Además, la justicia en los casos de propiedades confiscadas por la dictadura no puede traducirse en la restitución de latifundios, monopolios ni riquezas estratégicas que comprometan el porvenir de la nación. Indemnizar es compensar conforme a las circunstancias actuales, sin hipotecar el desarrollo futuro de Cuba. Los primeros en ser reparados deben ser quienes pagaron con su cuerpo, su libertad y su vida décadas de opresión y crímenes de lesa humanidad: asesinados, prisioneros, torturados, desterrados, desempleados por razones políticas y sus familias afectadas. Solo después deberá atenderse la reparación de los bienes materiales, porque la dignidad humana está por encima de toda propiedad.

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6. Cabe destacar que las tierras cultivables de Cuba deben permanecer bajo propiedad exclusiva del Estado, que las arrendará a quienes acrediten capacidad para hacerlas producir con eficiencia y responsabilidad social. Los puertos marítimos y aéreos del país también deben conservar carácter estatal, por su valor estratégico para la soberanía nacional.

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7. Asimismo, se debe prohibir y sancionar severamente el cabildeo político y el clientelismo, por ser mecanismos de captura del poder que convierten la representación pública en un negocio de privilegios. Tales prácticas deben ser consideradas atentados graves contra la integridad del Estado y la democracia.

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8. Del mismo modo, se debe prohibir la financiación privada y corporativa de campañas políticas. Todos los candidatos han de recibir financiamiento público equitativo y acceso equivalente a los medios estatales, de acuerdo con el cargo en disputa. El propósito es impedir que gane quien más dinero acumule y asegurar que el debate público se centre en las ideas, la ética y la viabilidad de las propuestas. 

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9. Otro asunto clave es que la reconstrucción de Cuba no puede ser dictada por una minoría con poder económico y acceso privilegiado a los círculos políticos del exterior. Aunque esa élite forme parte de la diáspora, su visión no representa la diversidad, las necesidades reales ni las aspiraciones de la mayoría de los cubanos, dentro y fuera de la Isla. Pretender imponer un modelo de país desde posiciones de privilegio reproduce, en esencia, las mismas lógicas de exclusión que han marcado nuestra historia reciente y que ahora estamos obligados a superar.

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Por último, desde el PPDHC afirmamos con claridad que el futuro de Cuba debe construirse sobre la base de la justicia, la participación amplia y el bienestar colectivo. No habrá transición legítima si no se escucha y respeta a la pluralidad de la diáspora y a quienes han resistido dentro del país. Es tiempo de apostar por un proyecto inclusivo, donde el poder político no se concentre, sino que se distribuya con equidad, garantizando derechos, dignidad y oportunidades para todos los cubanos, sin excepciones ni imposiciones.

Partido Pro Derechos Humanos de Cuba (Independiente)
Mayo 24 de 2026.